Así lo han expuesto representantes de la Plataforma del Tercer Sector en una reunión con el Ministerio de Derecho Sociales y Agenda 2030 donde se ha destacado que, con una norma de estas características, se vería alcanzada una reivindicación histórica del Tercer Sector.

 

A la reunión ha asistido Patricia Bezunartea, directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, y por parte de la PTS, el vicepresidente de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Asuntos Europeos, Carlos Susías; el vicepresidente de Agenda Social, Incidencia Política y Diálogo Civil, Luis Cayo Pérez; el secretario general, Rafael de Lorenzo y la directora de la PTS, María José Juanes, quienes han valorado la voluntad de diálogo y de interlocución con el Tercer Sector para el desarrollo y aprobación de la nueva ley. 

 

Durante el encuentro, desde la Plataforma del Tercer Sector se ha puesto en valor esta iniciativa por parte del Gobierno, que también se encuentra acordada con la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde la PTS se ha insistido en la necesidad de contar con esta legislación, de carácter complejo, pero de una gran relevancia para la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía.

 

Entre las principales peticiones que ha planteado la PTS destacan la necesidad de que la norma sirva para fortalecer los servicios sociales en todos los niveles de la Administración y que permita avanzar en la mejora de la calidad de dichos servicios, definiendo su alcance, replanteando requisitos mínimos comunes y los estándares de información, reforzando la rendición de cuentas y promoviendo su modernización, para abordar las necesidades de la ciudadanía.

 

El vicepresidente de la PTS, Luis Cayo Pérez, ha señalado que “es fundamental que incluya un catálogo común de prestaciones que esté adaptado a la realidad multidimensional de la pobreza y vulnerabilidad social, que establezca un nivel básico de prestaciones a las que tener derecho con independencia de donde se resida”, además de “un catálogo de profesiones sociales”. 

 

Por su parte, Carlos Susías ha insistido en la importancia de “potenciar la participación social y ciudadana en el diagnóstico, diseño y resolución de problemáticas sociales”, además de promover políticas que combatan y superen la estigmatización de las personas y promuevan una visión de ciudadanía, teniendo como eje la personalización de los apoyos. Rafael de Lorenzo ha destacado la relevancia de una norma de estas características y el apoyo del sector a la misma.

 

Por último, en relación con la vinculación del Tercer Sector, desde la PTS se ha instado a apostar por la figura del concierto social para la prestación de servicios sociales por parte de la iniciativa privada y las entidades del Tercer Sector de acción social, frente al marco contractual ordinario.

 

 

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) es una organización de ámbito estatal constituida para unir y ampliar la voz del Tercer Sector en España. Defiende, a través de una voz unitaria, los derechos e intereses sociales de la ciudadanía, especialmente de las personas en situación de pobreza o riesgo de exclusión.

 

Fundada en enero de 2012 por siete de las organizaciones más representativas del ámbito de lo social en España (PVE, POAS, EAPN, CERMI, Cruz Roja, Cáritas y ONCE), a la Plataforma se han sumado posteriormente la Coordinadora de ONGD de España y la Plataforma de Infancia.

 

Además, forman parte de la PTS once plataformas y mesas territoriales. Actualmente, representa a cerca de 28.000 entidades del ámbito social.